Más allá de lo llamativo que resulta el hecho de que el Estado indemnice a una persona que hoy está detenida por acciones de violencia terrorista, lo que cabe esperar es que el Estado no siga desatendiendo a las víctimas de la Macrozona Sur que han sido afectadas gravemente por esta misma persona y la organización terrorista que encabeza.
Esas víctimas han sido olvidadas y postergadas, ya que el Estado no sólo no las resguardó como debía, sino que tampoco las ha indemnizado frente a la vulneración de derechos esenciales, considerando que hay muchas personas asesinadas o que sus vidas han sido destruidas por estas orgánicas radicalizadas.
Resulta esencial que el Estado haga justicia en esos casos e indemnice también a los miles de afectados, porque es impresentable que sí lo haga con un terrorista y no con las víctimas inocentes de ese terrorista y su organización.
